En un acuerdo entre el Ministerio de Salud y Educación se ha creado el 'Reglamento que regula el funcionamiento de bares escolares del sistema educativo nacional' (para ver el documento de click ACA) cuya aplicación será obligatoria para todos los planteles educativos del país.

Los objetivos: Regular la administración de los bares escolares (funcionamiento y condiciones sanitarias) y promover hábitos alimentarios saludables.

Para estos efectos se conformarán 3 comités:

La iniciativa ministerial de establecer normas sanitarias para estos locales y reducir enfermedades de origen alimentario resulta necesaria y postiva, sin embargo en el artículo 22 del Reglamento encontramos algo que llama la atención:

“Los alimentos o comidas preparadas que presenten altos contenidos de nutrientes con indicadores de exceso, no podrán expenderse, ni comercializarse en ninguno de los establecimientos educativos, porque su consumo frecuente puede ocasionar sobrepeso y obesidad.”

¿Qué significa esto? Todos los alimentos que el estado considere con exceso de grasas, azúcar o sal serán prohibidos, esto basados en el siguiente cuadro:

Las prohibiciones a productos

En el artículo 47 del reglamento se refuerza lo antes dicho y se identifica los productos a excluir:

“Se prohíbe ofertar o publicitar, alimentos calificados de alto contenido de nutrientes que son indicadores de exceso a menores de edad, en los establecimientos educativos, según se detalla en el siguiente cuadro”

Las principales críticas al Reglamento, apuntan a una inobservancia por parte del Estado sobre el potencial impacto negativo que estas políticas públicas suponen:

- Los cambios institucionales, físicos y logísticos que se deben implementar en instituciones educativas, implican inversiones de capital por cuenta de las instituciones, algunas de las cuales no tienen presupuesto para bancas, materiales y en ocasiones ni para afrontar el pago a sus docentes.
- Negar a los productores industriales de alimentos el mercado escolar tendrá un alto impacto en las ventas de algunos productos específicos, con repercusiones negativas en la economía y en las plazas de trabajo de las empresas en cuestión.
- Restringir y regular el la alimentación de todos los alumnos del país, resulta un tanto exagerado e invasivo.
- Promover hábitos saludables, no impica prohibir hábitos que el estado considera no saludables.

Por otro lado una de las reflexiones sobre la cual el Estado sustenta estas medidas gira en torno al costo que representa para el Estado, por ende para toda la sociedad vía impuestos, atender los problemas de salud que surgen como consecuencia de una mala alimentación. La intención del Gobierno es evitar que en los establecimientos educativos del país se expendan alimentos que incrementen la posibilidad de problemas de salud, sin embargo esta priorización de los productos artesanales (en el reglamento proponen sanduches, empanadas, tortillas en fin comida preparada) ante los industriales, deberá ir de la mano de un riguroso sistema de control sanitario, para que esta medida no resulte contraproducente.

Tal parece que ante estas restricciones, a los padres de familia que no estén de acuerdo no les quedará más que armar la "lonchera" para sus hijos con los productos que deseen.