El proyecto, que entre otras cosas unificaría la legislación sustantiva (la tipificación de delitos), adjetiva (el procedimiento de juzgamiento penal) y de ejecución de penas, derogaría la legislación penal fundamental vigente a la fecha, en algunos casos desde 1937, modificando en varios aspectos los paradigmas de la justicia penal.
Este nuevo proyecto que plantea el Ejecutivo es una interesante muestra del viraje ideológico que ha operado en la concepción que desde el Gobierno Nacional se tiene de la justicia –especialmente la penal- y su relación con los derechos humanos, sin duda empujado por la siempre presente crisis de la seguridad pública y sus efectos sobre la popularidad del régimen.
Al inicio del Gobierno, particularmente a través del Ministerio de Justicia que en aquel entonces dirigía el actual Secretario Particular del Presidente, Gustavo Jalkh, imperaba una visión garantista de la justicia penal, enfocada a la superación de las causas socio-económicas estructurales del delito y a la rehabilitación del delincuente antes que a su castigo. Incluso, la acción y proyectos gubernamentales asumieron buena parte del paradigma de derecho penal mínimo, tal y como puede desprenderse de la forma en que se establecieron los llamados “derechos de protección” en la Constitución de Montecristi o de aquel “Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales” elaborado por el propio Ministerio de Justicia, que eliminaba un sinnúmero de delitos y se enfocaba a la restricción de las medidas cautelares de tipo personal, la excepcionalidad de las sanciones privativas de libertad y la disminución de las penas en general.
Si bien el nuevo proyecto -que esta vez sí fuera presentado a la Asamblea Nacional- incorpora con más detalles avances garantistas como una mejor aplicación del principio de proporcionalidad, a la vez y preponderantemente va en dirección absolutamente contraria al anterior proyecto de Código Orgánico de Garantías Penales al proponer, por citar un ejemplo, el endurecimiento de penas y su acumulación.
En definitiva, el proyecto presentado ayer ante la Asamblea recoge buena parte del discurso en materia penal defendido por la oposición política al régimen, desde la derecha del espectro político, que ha tenido como principal portavoz al alcalde de Guayaquil Jaime Nebot. Al final del día, los números de las encuestas, que claramente identifican la inseguridad como el talón de Aquiles de la administración de Rafael Correa, primaron por sobre la agenda inicial del Gobierno.
