Dos demandas de inconstitucionalidad y un proyecto de ley derogatoria hacen sombra sobre la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado (reforma Tributaria), que entró en vigencia en noviembre.

La primera demanda de inconstitucionalidad es la presentada por el asambleísta Gilmar Gutiérrez (PSP), quien sugiere que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma por varios motivos, sobre todo, por las irregularidades que se habrían producido durante la discusión y supuesta aprobación de la norma en la Asamblea.

La demanda ya está en trámite en la Corte y la Sala de Admisión declaró la procedencia del pedido el pasado 29 de  noviembre, con los votos favorables de Nina Pacari y Alfonso Luz, quienes han actuado tradicionalmente con criterios de oposición al Gobierno y con el voto salvado de Patricio Pazmiño, presidente de la Corte, quien en cambio, mantiene habitualmente las tesis que anuncia el régimen y en su voto salvado ya anuncia que la demanda del asambleísta Gutiérrez solo enuncia las supuestas irregularidades pero no emite argumentos claros y específicos para admitir la demanda.

Pero la admisibilidad de la demanda tampoco garantizará que esta sea tramitada de inmediato. En la Corte no se establecen plazos claros para este tipo de trámite, que incluso puede durar más de un año, lo que hará que desde la próxima semana todos los términos de la nueva ley estén en plena vigencia.

La segunda demanda es la presentada por la Cámara de Comercio de Guayaquil, que expuso tres argumentos de inconstitucionalidad:

1.      La norma fue puesta en vigencia por el presidente Rafael Correa, pese a que la Asamblea, previamente y en el plazo previsto, la había negado mediante una resolución que fue aprobada con mayoría. Decisión que luego el presidente Correa desconoció.

2.      Hubo una inconstitucionalidad en la presentación del proyecto por parte de la Presidencia, porque de acuerdo al artículo 136 de la Constitución, este debió tratar exclusivamente de una materia y no modificar varios ámbitos como al final lo hizo la norma vigente.

3.      Existen inconstitucionalidades en el fondo de la ley. Uno de ellos, el procedimiento coactivo que establece.

Y finalmente, sobre la Reforma Tributaria pesan dos proyectos de ley derogatoria presentados. El uno dl asambleísta Galo Lara (PSP) y el segundo de Leonardo Viteri (PSC) y que ya fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa para su trámite.

Sin contar con los argumentos sobre las del contenido de la norma a los que apela la Cámara de Comercio, Tanto Viteri como Lara recogieron todos los anteriores y así constan en la exposición de motivos de sus propuestas. Pero pese a que estén presentados, en la Asamblea no hay ninguna garantía para que estas normas sigan el trámite y lleguen a resolución en el Pleno.

Ahora resta saber si serán los actuales miembros de la Corte Constitucional los que traten las demandas pendientes y las resuelvan, o si será la nueva –que será integrada de entre candidatos de las funciones estatales- la que se pronuncie finalmente sobre el tema.

Sea cual sea el desenlace, la pugna por la vigencia de la ley que busca darle más ingresos al Gobierno, hace que su legitimidad se ponga a prueba en la práctica.