ENTREVISTA
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador
* Mapa de proyectos mineros en el Ecuador
La negociación concluye con acuerdos globales
El Gobierno deberá cumplir con las comunidades
La seguridad jurídica aún causa preocupación
Habrá un reglamento tributario exclusivo para las mineras
La Cámara de Minería medió y facilitó el proceso
La negociación concluye con acuerdos globales
¿Cómo se puede entender que no se hayan cumplido los anuncios del Gobierno y hasta ahora no se firmen los contratos de explotación minera?
El proceso está avanzado y ha dado pasos importantes en los que las compañías y el Gobierno han llegado a puntos medios y arreglos de ganar-ganar. Creo que no ha existido dentro de la negociación una parte que haya pretendido entorpecer el proceso sino que las consideraciones económicas, técnicas y legales son tan complejas que hacen que un marco de tiempo previamente fijado no sea ideal. Pienso que el haberse apresurado a dar fechas si ha sido un error pero en este tipo de negociaciones- tomando en cuenta que son los primeros contratos de explotación minera en el país- hay que tomarse el tiempo que sea necesario. El proceso va a ser continuo y las conversaciones permanentes, siempre hay dificultades y tratamos de entender tanto la posición del Gobierno como de las empresas para tratar de llegar a un acuerdo.
¿La lentitud también se ha producido por las imposiciones del Gobierno?
Imposiciones como tales no han existido. Lamentablemente el marco constitucional es demasiado general al decir que el Estado participará en al menos el 50% o en iguales condiciones a las de las compañías que participan en sectores estratégicos. Eso no es factible debido a que no se puede comparar una industria con otra y menos aún el sector petrolero y el minero.
¿Ese fue el error con el que arrancó el Gobierno, tratar de negociar contratos mineros como si fueran petroleros?
Pese a que las ideas del Gobierno inicialmente no tenían mucho sustento, en el sentido de asimilar los procesos de la industria petrolera a la minera, también es cierto que ellos contrataron a los mejores consultores nacionales e internacionales para inteligenciarse del sector minero y buscar las mejores condiciones para los contratos. Esto ha generado varias inquietudes en el sector de inversión extranjera, pero no deja de ser cierto también que el Estado, como dueño de los recursos, también quiere su justa retribución. Por eso buscamos un mecanismo adecuado para que el Estado se sienta cómodo y las empresas también se sientan cómodas y seguras para venir a invertir en el Ecuador. El Gobierno contrató a los mejores estudios jurídicos con experiencia en minería para desarrollar un modelo de contrato que, si bien es cierto no es usual en la industria, se apegue a los requerimientos de la Constitución. Lo que hay que entender es que dentro de este proceso no se ha buscado ni perjudicar a las empresas ni al Estado, sino que se actuado buscando un desarrollo conjunto.
¿Después de dos años de negociación las empresas están seguras de que se ha llegado a ese punto con beneficios para ambos sectores?
Las consideraciones del contrato y las negociaciones por el momento generan cierta incertidumbre, pero sin duda se está llegando a acuerdos importantes. Al ser un tema nuevo tenemos una infinita posibilidad de mejora a futuro y la apertura que va teniendo el Gobierno para modificar las condiciones de acuerdo a los requerimientos mundiales de la industria es sumamente importante.
El Gobierno ha debido aprender sobre la marcha…
Como sector hemos conversado ampliamente de las consideraciones peculiares de la industria. El Estado también se ha dado cuenta de que es un tema nuevo para ellos y por lo tanto se ha inteligenciado para no caer en peticiones que puedan resultar absurdas.
El Gobierno deberá cumplir con las comunidades
¿Una muestra de que el Gobierno entendió esas condiciones de las empresas es que haya desistido de intenciones para recibir inmediatamente exageradas cantidades de recursos?
El negocio minero es un negocio a mediano y largo plazo y dentro de eso el más importante es el largo plazo. Por lo tanto resulta fundamental determinar ahora las condiciones que regirán a este negocio en el futuro. Entendemos que la intención del Gobierno, al haber solicitado las regalías anticipadas es hacer notar a las comunidades que a diferencia de lo que pasó en el petróleo la minería si dejará réditos interesantes que van a ser utilizados directamente en las comunidades. Eso ha generado varios cuestionamientos e incertidumbre en el sector internacional, pero creo que también ha planteado una idea interesante para que las comunidades finalmente se den cuenta que el sector minero trae desarrollo.
Pero eso también se puede entender como un pretexto político solo para convencer a las comunidades que ya han generado conflictos incluso antes de que ingrese la industria…
El hecho de pagar un impuesto por algo que aún no se genera es un absurdo, peor aún tomando en cuenta consideraciones técnicas y propias de la industria y pese a eso las compañías han aceptado el pago de regalías anticipadas. Que haga el gobierno con esas regalías no es cuestión de las empresas mineras pero confiamos que el Gobierno hará lo que ha dicho, que es generar proyectos de infraestructura, educación… en las comunidades aledañas a los proyectos, de tal forma que se pueda notar los beneficios presentes que una industria futura va a generar.
¿Está confirmado que será entre el 5% y 8% de regalías en los dos contratos que se negocian?
Entiendo que tanto en el caso de Kinross como el de Ecuacorriente la fijación de la regalía ha dejado de ser un impasse. En el caso de Kinross va entre 5% y 8% y en el caso de Ecuacorriente va entre el 6% y 8%. La Ley de Minería determina que las regalías no podrán ser menores al 5% que es la base con la que se parte. A nivel mundial una regalía del 8% es un poco alta pero sigue siendo interesante y manejable en las condiciones del Ecuador, además en la negociación se determinó una regalía variable que fluctuará de acuerdo a las condiciones del mercado y de acuerdo a la economía de cada contrato. Por lo tanto se ha generado con mucha inteligencia una fórmula variable que permitirá ir haciendo los cálculos para que el ingreso para el Estado sea alrededor del 52%.
¿Entonces lo que se está haciendo con estos contratos al final será lo que marque las reglas para la instalación de la futura industria?
Pero en lo que debe tener mucho cuidado el Gobierno es que las consideraciones económicas de cada proyecto y cada compañía son totalmente diferentes y por lo tanto resulta fundamental poder ajustar un contrato macro de explotación minera a consideraciones económicas variables de acuerdo a las condiciones económicas de cada proyecto.
¿Confían en que el Gobierno ha entendido estas condiciones que en inicio no estaban claras?
Es así. El Gobierno se ha dado cuenta de que las compañías tienen consideraciones diferentes, los yacimientos son distintos y por eso no se puede asimilar lo que sería un contrato de explotación de oro a un contrato de explotación de cobre. Por lo tanto el marco conceptual general deberá adecuarse a las condiciones de cada una de las empresas con la que se quiera suscribir un contrato de explotación.
La seguridad jurídica aún causa preocupación
¿En el tema de la seguridad jurídica exigida también se llegó a acuerdos concretos?
Este es uno de los temas en los que existió un alto desarrollo de pensamiento dentro de la negociación y pese a eso el tema de la seguridad jurídica sigue siendo de preocupación para las empresas. En medio de un proceso de negociación el Ejecutivo envió a la Asamblea una reforma a la Ley de Minería pero creo que el Estado ya es consciente de que las grandes inversiones que el sector hará en el Ecuador requiere de ciertos condicionamientos de tranquilidad. Y es un puntal fundamental el hecho de que a la par de la firma de contratos de explotación se vayan a firmar contratos de protección de inversiones entre las empresas y el Estado ecuatoriano.
¿No sería un mal precedente tener que negociar esos contratos individualmente con cada empresa y no fijar un mecanismo general de solución de controversias?
Este no es un problema del sector minero sino un problema nacional. Lo mismo sucede con la Ley de Minería y por tanto el proceso de adaptación hace que la negociación sea lenta y se entorpezca y por eso se seguirán definiendo temas a futuro.
¿Se decidió entonces que los conflictos se solucionen en arbitrajes en Chile?
Es así, se que el Estado ha determinado que Chile sería una cede para el arbitraje fundamentado en las normas Uncitral, que son normas de las Naciones Unidas para el Comercio, lo cual es una garantía para el Estado y también para las empresas.
¿Chile brinda a las empresas suficiente seguridad?
Totalmente. Es tranquilizador saber que un tercero será el que dirima una posible controversia y más si está fundamentado en normas mundialmente aceptadas como las de Uncitral. Por lo tanto el tema de la resolución de conflictos es un tema superado. Pero consideramos que habrá temas internos que deberán irse revisando como las reformas a la Ley de Minería como el impuesto a la salida de capitales y como la flexibilidad laboral en el sector.
¿Ahora las compañías están exigiendo que se detengan las reformas a la ley? ¿Qué garantía tienen de eso?
El hecho cierto de que la reforma a la Ley de Minería ni siquiera haya pasado del CAL para el trámite quiere decir que el Gobierno se ha dado cuenta del perjuicio que esa reforma podría causar en los contratos de explotación y más allá de eso en la inversión extranjera en el Ecuador.
¿Cuáles son las amenazas de ese proyecto?
La reforma dice que en una posible caducidad de una concesión o terminación de un contrato, todo aquello que sea accesorio se deberá entregar al Estado. La palabra accesorio es extremadamente amplia y por tanto subjetiva. Por eso podríamos decir que son equipos, maquinaria, bienes, celulares… La reforma es tan oscura que no nos permite determinar si una oficina en Quito es accesoria a una concesión minera. Esto aunado a que los procesos de caducidad de las áreas no han sido determinados claramente porque una consideración subjetiva puede llevar a la caducidad de una concesión. No existe un proceso claramente determinado que permita a las compañías defenderse y obviamente tratar de compensar un posible error. Son de los temas que están en esa reforma. Por lo tanto hay varias cosas que quedan pendientes. El hecho de que el proyecto de ley no haya avanzado es una buena señal pero sigue ahí y consideramos importante que ese proyecto sea retirado. Pero creemos que si ha habido apertura del Gobierno para darse cuenta de los perjuicios que podría causar esta posible reforma.
Habrá un reglamento tributario exclusivo para las mineras
El otro tema es el tributario ¿El Gobierno acogió las condiciones de las compañías?
Este es un tema muy complicado, las consideraciones tributarias que marcan un contrato de explotación son las más frágiles y a las que hay que tomar en cuenta. Con mucha rigidez el SRI ha participado en las negociaciones y ha determinado su postura en relación al tema. Las empresas, por otro lado han indicado sus objeciones a las implicaciones tributarias y el Ministerio de Recursos Naturales ha tratado de mediar. Por eso ahora se está generando un reglamento de contabilidad minera.
¿Qué implica este reglamento?
Si bien es cierto que será publicado en el Registro Oficial será un anexo de los contratos de explotación. Muchas veces nos preguntamos si el Ecuador se ha juntado ya a la normativa internacional a través de las Niif, por qué debe haber un reglamento de contabilidad especial para el sector minero? pero creemos que el SRI busca una claridad y condiciones previsibles en relación a los gastos, depreciaciones, aportes, etc. y ser lo más puntuales posible en como las empresas mineras deben llevar sus contabilidades. Pero creemos que debe haber algo más de flexibilidad para que la opinión de las empresas mineras sea escuchada y lleguemos a un punto medio, a un reglamento que no resulte engorroso y que nos permita trabajar con agilidad.
En un momento el SRI puso sus condiciones radicales y PODERES conoció que eso hizo que se detengan las negociaciones. ¿El SRI torpedeó el proceso en última instancia?
Este proceso, además de largo, ha tenido puntos extremadamente álgidos. No de esos ha sido el tema tributario. Ha habido varios impasses en los que las posiciones de las compañías y del Gobierno han sido radicalmente diferentes pero han sido enriquecedores. Creo que la flexibilidad que ha tenido el Gobierno ha sido interesante y las empresas también demostraron que pueden ceder espacios en beneficio de que los contratos sean óptimos. Varias veces escuchamos de altercados e impasses muy fuertes pero que han sido solucionados.
¿Fue el caso del último problema generado con el SRI?
El no avanzar sería un perjuicio para el país. Por eso, tanto las compañías como el Gobierno han tenido posiciones que han depuesto en beneficio de seguir avanzando. Es verdad que negociar con un estado es difícil, uno nunca está a la par, siempre existirá esa potestad soberana de la que se reviste un estado dentro de un proceso de negociación.
La Cámara de Minería medió y facilitó el proceso
¿En medio de todo esto se podría decir que los dos contratos serán históricos para el país?
Es sin duda un hito histórico que lo que hace es iniciar una era minera industrial. Pero es abrir una era minera industrial que esperamos que sea próspera y que traiga beneficios para el país y para el sector.
¿En el proceso qué papel le ha tocado a la Cámara?
La Cámara de Minería ha cumplido una tarea importante dentro de este proceso. La apertura que ha tenido el Gobierno para conversar ha sido evidente. La posibilidad de que la Cámara pueda hacer sus observaciones a reformas y proyectos ha sido amplia. El hecho de que el sector a través de la Cámara haya podido participar con comentarios para la elaboración del plan nacional de desarrollo minero es importantísimo y también la gran apertura que hemos recibido para poder sentarnos a conversar. La Cámara es el interlocutor entre el sector minero y el Gobierno y por lo tanto la intención nuestra es consolidar un sector minero fuerte a mediano y largo plazo. Resistimos como sector minero un mandato minero que tiró la industria al suelo pero la cohesión y voluntad de avanzar es la que nos ha permitido mantenernos como un interlocutor válido con el Gobierno.
¿Se ha logrado pasar del peor escenario de ver al Gobierno y a la Minería como enemigos a ser ahora amigos y posibles socios?
Las dificultades del camino han hecho que en cierto momento la apreciación del Gobierno hacia los sectores productivos y en este caso a la Cámara de Minería sea bastante críticos. Pero creo que superados esos impasses el Gobierno si ha considerado que el sector debe ser escuchado y por eso las puertas se nos han abierto. El Gobierno también ha entendido que el sector minero no son cuatro empresas con ese mismo número de proyectos, sino que el sector tiene profesionales, compañías que están en exploración, compañías de servicio… por lo tanto la apertura que ha tenido el Gobierno ahora ha sido fundamental y sin ello no podríamos haber llegado a ser los interlocutores que ahora somos.
¿El Gobierno ha dejado de ser ideológico anti inversión y se ha transformado en un pragmático y negociador?
En el Gobierno ha sido un proceso de adaptación. El haber empezado con una teoría que ya llevada al pragmatismo no resulta tan conveniente ha permitido que abra sus ojos y requiera que inversión extranjera venga al país, eso sin irse en contra de sus principios fundamentales. Este cambio ha permitido que exista mayor apertura para la inversión, sobre todo en el sector minero en que la inversión extranjera es la que trae dineros de riesgo, tecnología y conocimiento, por lo tanto si hemos notado un asentamiento de las políticas del Gobierno y nos ha permitido ver posibilidades de desarrollar sectores que inicialmente pensábamos que no serán viables.
*Referencia: Proyectos Mineros de el Ecuador
