En la carta firmada por Claudio Norberto Vázquez, representante legal de la filial argentina de Petrobras, fechada el 8 de diciembre del 2011, la compañía  abre un espacio de seis meses de diálogos para buscar una solución al conflicto. Según el procedimiento, concluidos esos seis meses iniciará formalmente el arbitraje si es que no se logra un acuerdo.

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La salida de la petrolera se produjo como consecuencia del fallido proceso de renegociación de sus contratos con el Estado. El 25 de noviembre del 2010 la Secretaría de Hidrocarburos emitió la resolución 285 con la cual declaró la terminación de los contratos de explotación del bloque 18 y del campo Palo Azul.

Públicamente la compañía ha expresado que requiere una indemnización que bordearía los 300 millones de dólares, mientras el Estado ecuatoriano considera que los activos con los que la empresa trabajaba en el Ecuador estarían avaluados en 160 millones de dólares.