A un mes del regreso de Zelaya a Honduras, la Comisión de la Verdad sobre el golpe de Estado en ese país entregó hoy el informe de sus investigaciones al actual Presidente hondureño, Porfirio Lobo.

En sus conclusiones la Comisión, conformada por seis miembros y encabezada por el ex-vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, fustigó la actitud del ex-presidente Zelaya al insistir en llevar adelante una consulta popular, pese a la existencia de mandatos legales que lo impedían, y consideró ilegal su remoción por parte de los militares y la posterior posesión del gobierno de Roberto Micheletti, a los que calificó de golpe de Estado y gobierno de facto, respectivamente.

Las críticas de la Comisión a Zelaya se refieren a su decisión de desacatar y desconocer las decisiones adoptadas por las autoridades del estado hondureño que negaron la posibilidad de realizar una consulta popular, que podría haber abierto el pasa a su reelección.

Respecto al gobierno de Micheletti, la comisión afirmó que el Congreso no tenía atribuciones para destituir a Zelaya ni para nombrar a su  sustituto, por lo que conligen que "el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal y que el Gobierno que surge entre el día 28 de junio del año 2009 y el 26 de enero del año 2010, es un Gobierno de facto."

Sin embargo, las mayores responsabilidades se endilgan a las fuerzas armadas y policiales en sus acciones de represión luego del golpe, ya bajo el mando del gobierno de Micheletti. Según la Comisión, Policía y fuerzas Armadas hondureñas asesinaron a un número no menor a 12 personas, a la vez que ocho opositores más al régimen de Micheletti fueron "asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal de represión".

Entre sus recomendaciones, la Comisión instó al estado hondureño limitar el papel y competencias de las fuerzas armadas, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos cometidas durante y después del golpe, y reformar la Constitución del país a fin de incluir la figura de juicio político, como mecanismo de responsabilidad de las altas autoridades de Estado, incluyendo el Presidente de la República.