Un ranking con las leyes -en proceso- que por generar debate, conflictos entre actores políticos y relevancia mediática se han destacado como las más polémicas:
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Esta ley regulará la comunicación y los medios (sujetos al CCI).
Amenazas al oficialismo: Diferencias de opinión ante este proyecto, sumadas a las que hubo en caso Pesantez, han traído un resquebrajamiento de las filas de MPAIS.
El conflicto reside en la concentración del poder en el CCI, sus atribuciones y la injerencia del oficialismo y el ejecutivo en este organismo.
Sucesión de hechos ‘oportunos’: El asambleísta Rolando Panchana (MPAIS) -2do vicepresidente (VP) de la Asamblea- ejerció la Presidencia subrogante del 17 al 20/Jun por la ausencia del presidente titular, Fernando Cordero (MPAIS) y la 1era VP, Irina Cabezas (MPAIS) que viajaron a Canadá a cita con emigrantes.
Reunión clave en la COC (18/Jun): Betty Carrillo (MPAIS) renunció a la presidencia (COC) y el nuevo presidente Mauro Andino (MPAIS) solicitó una prórroga (junto a 6 oficialistas incluida suplente de Panchana, Verónica Barufaldi, MPAIS) por 13 días al Presidente subrogante (Panchana) para presentar el informe para 2do debate (tenía de fecha límite el 19/Jun). Asambleístas opositores (AO) declaran ilegalidad en accionar de Panchana al aceptar la prórroga, adujeron que Panchana, al ser miembro de la COC, duplicó sus funciones: asumió Presidencia subrogante (17/Jun) y su suplente lo reemplazó en la COC.
AO preparan una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en caso de que se continúe con el proyecto de ley (Fuente: El Comercio)
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2
Esta ley regulará uso y administración del agua, sometidos a 1 autoridad única del Agua (AUA).
El Conflicto reside en la concentración del poder en la AUA, sus atribuciones y la injerencia del oficialismo en este organismo.
El principal opositor: Sector indígena, ha realizado protestas, toma de vías e intervenciones mediáticas. La CONAIE afirma que el agua, es un “bien nacional de uso público”, por lo tanto proponen que la Autoridad Única del Agua sea un Consejo y no una secretaría o ministerio como lo plantea el oficialismo.
¿Intereses sectoriales? El Ejecutivo ha demostrado que quiere impulsar la minería en el país (Expreso) por lo que no es audaz suponer la existencia de intereses de ciertos sectores en que el Gobierno administre el agua ¿Por qué?:
- “Las cantidades de agua empleadas en este proceso (minero) son cuantiosas (…) ambientalistas temen que parte de la misma, lastrada de contaminantes, pueda acabar en redes de suministro de agua potable(…) hay muchas zonas en las que el agua es un recurso escaso, de manera que la desviación de cantidades considerables para la extracción de gas bien puede disminuir las cantidades disponibles para agricultura, preservación del hábitat y consumo humano” (Energía Sur)
- Caso Chile: Para producir los 5,5 millones de toneladas de cobre fino producidas por Chile (2007), se utilizaron 29,7 millones m3 de agua: el consumo de 1.485.000 familias en un mes (OLCA)
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3
Esta Ley regulará a todos los centros de estudios superiores en Ecuador, por medio de la creación de las 3 instituciones (acreditarán, calificarán y sancionarán).
El Conflicto reside en la posible injerencia política del gobierno en las instituciones rectoras de la educación superior (varios de sus miembros designados por el ejecutivo) y sus atribuciones. El gobierno defiende una postura de cambio y explica que estas políticas responden a la necesidad de establecer excelencia en la educación superior.
La Universidad Central y las Escuelas Politécnicas han propuesto que el Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación sea un órgano de carácter técnico-académico y no deliberativo.
Evaluación del Estado a Universidades: SENPLADES realizó una evaluación a las universidades y presentó un informe que serviría de base para la presentación de este proyecto. Este informe fue duramente cuestionado por académicos quienes lo calificaron de parcializado, con subyacentes intereses de presionar a los centros educativos para obtener respaldo.
¿Revolución educativa? El Presidente Correa ha enfatizado que su proyecto político llamado “revolución ciudadana” debe darse especialmente en el aspecto educativo, pues según él mismo, el país no va hacia adelante sin una Ley de Educación Superior.
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4
Esta ley protegerá a los ciudadanos contra detenciones, privaciones de libertad arbitrarias, torturas y maltratos en interrogatorios por parte del Estado.
Nombre completo: “Ley para la Reparación de las Víctimas y judicialización de graves violaciones de derechos humanos (DDHH)y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008” es considerado como un avance positivo en la legislación pro Derechos Humanos.
El conflicto reside en el trasfondo ideológico y la posible aplicación política que implica el Informe de la comisión de la verdad: La culpabilización y deslegitimación del gobierno neoliberal de León Febres-Cordero y la figura de Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil y máximo opositor del régimen.
¿Efectos legales? En términos legales el informe es estéril, pues su naturaleza es informar sobre situaciones pasadas y no la de denunciar: La Constitución consagra el derecho a “Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto” (Artículo 76 numeral 7 literal k).
Su principal opositor Jaime Nebot declaró: “Mi mención en este informe es una persecución política, posiblemente con el afán de sacarme de la Alcaldía” (El Universo)
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