Para ello en el Parlamento reposan dos proyectos de ley, el uno de Leonardo Viteri (PSC) y el otro de Paco Moncayo (Alianza Libertad) que buscan interpretar el artículo 47 de la Ley de Servicio Público, que fue el que abrió la puerta para las denominadas renuncias obligatorias.

Ambos proyectos de ley coinciden en sus argumentos y casi con el mismo texto sugieren que las renuncias serán estrictamente voluntarias y el trabajador deberá expresar su voluntad por escrito de separarse del servicio público.

La única diferencia entre los dos proyectos está en que el de Moncayo establece que las renuncias compradas hasta la fecha, gracias a la aplicación del decreto ejecutivo 813, serán revisadas caso por caso para garantizar el debido proceso.

En cambio, el de Viteri, más radical, sugiere que una vez aprobada la interpretación, todas las decisiones administrativas contrarias a ella carecerán de efectos jurídicos.

Aunque no hay un plazo específico para que la Asamblea resuelva sobre los dos proyectos de ley, estos suman la presión sobre la decisión presidencial de poner en vigencia la compra de renuncias obligatorias.

Pero para la oposición legislativa es imperativo discutir y aprobar estas normas, en vista de que el proceso de desvinculación de servidores públicos continuará en el 2012, año en el que el gobierno pretende invertir cerca de 200 millones de dólares para las indemnizaciones.

La presión no quedará ahí porque otro frente abierto está en la Corte Constitucional, donde reposan tres demandas de inconstitucionalidad (0043-11-IN / 0042-11-IN / 0057-11-IN) al decreto ejecutivo que ordenó la aplicación de la compra de renuncias. Las demandas ya están en trámite y en espera de resolución.

Esta división también es parte de la estrategia de la Oposición, al igual que se hizo con la última reforma tributaria, partidos como el MPD y PSP hanoptado por acudir a la instancia constitucional, mientras que Viteri, y otros asambleístas, complementan la ofensiva con sus propuestas legislativas.

Qué vía será la que más rápido resuelva el tema? Es una pregunta que dependerá de varios factores, en la Asamblea, de la presión que pueda ejercer la oposición y, en la Corte Constitucional, de la flexibilidad de una mayoría que se ha mostrado afín a la posición del Gobierno.