Han pasado tres meses y medio desde que los ministros del Interior, José Serrano;  Seguridad, Homero Arellano; de Justicia, Johana Pesántez y la entonces ministra de la Política, Doris Soliz, llegaron al despacho del titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero y le entregaron el proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana.

Esa norma era una de las más esperadas del régimen y fue motivo de trabajo de los ex ministros del Interior Gustavo Jalkh y Alfredo Vera. Hasta el 30 de septiembre del 2010 estaba casi listo y reposaba en el escritorio del ex ministro Jalkh, pero los sucesos de ese día cambiaron la historia de la iniciativa.

De ser una propuesta para modificar la estructura policial y generar un cambio de concepción de la seguridad con el objetivo de acercar la Policía a la comunidad, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana se transformó en una norma para cambiar radicalmente a la Policía y crear cuerpos especiales de investigación y de seguridad de los más altos funcionarios estatales.

El presidente de la República, Rafael Correa, llegó a calificar de histórico al proyecto que, se suponía, sería el que centre la atención del Legislativo.

Sucedió todo lo contrario y el texto fue remitido a la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad, en donde reposó hasta el 6 de enero, cuando su presidente, Fernando Bustamante (PAIS), convocó a una sesión para conocerlo. De esa fecha acá el trámite se inició pero aún no avanza.

Cuatro días después de la presentación del Código, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Rocío Valarezo -aliada incondicional del bloque oficialista- hacía lo propio sin que medie una presentación pública.

Lo nuevo de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Seguridad, de Valarezo, es que parece complementar al que entregó previamente el Ejecutivo y a la vez recupera en algo el espíritu inicial de la reforma que el Gobierno había anunciado más de un año antes: acercar el sistema de seguridad hacia la ciudadanía.

Para eso la propuesta integra una nueva estructura de seguridad que se divide en varios consejos:

          a).- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

          b).- Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana.

          c).- Consejos Cantonales de Seguridad Ciudadana.

          d).- Comités Parroquiales de Seguridad Ciudadana.

          e).- Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana.

Más allá del contenido de los proyectos, ambos tienen, por lo pronto, el mismo destino. Calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) reposan en la Comisión presidida por Fernando Bustamante.

Otro debate arrancará cuando ambas iniciativas empiecen a ser discutidas. Por un lado la Policía mira con ojos de desconfianza la propuesta presidencia que la convierte en un ente operativo y que deja al mando de la institución sin autonomía y capacidad de decisión y lo subordina al poder Ejecutivo.

Y por otro está el texto de Valarezo que con la estructura propuesta, es visto por sus detractores como la posibilidad de llevar hasta los barrios un sistema de control político y no solo de seguridad.

En todo caso es el ex ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, quien tiene la palabra en el tema.