El nuevo eje de presión surgió hoy del pleno de la Asamblea, en donde el jefe del bloque legislativo del Prian, Vicente Taiano, anunció que enjuiciará penalmente a los vocales del Consejo Electoral, si es que modifican el calendario de elecciones para que las reformas electorales entren en vigencia.

La demanda sería por prevaricato porque los vocales han anunciado que deberán modificar el calendario electoral, anticipándose a que las nuevas normas entren en vigencia. Eso está previsto para el 5 de febrero, fecha en que las reformas serían publicadas en el Registro Oficial.

En el cronograma original la realización de los comicios estaba prevista para el 20 de enero del 2013, pero ese evento debería retrasarse -si es que se quiere que rijan las nuevas normas- ya que el artículo 117 de la Constitución establece que no se pueden reformar las leyes electorales en el año previo a la realización de los comicios.

Pero no solo eso. Una vez que las nuevas normas estén vigentes el Prian impondrá también una demanda de inconstitucionalidad para eliminarlas del ordenamiento jurídico.

Esta amenaza se suma también a la propuesta de la ONG Fundamedios, para que los periodistas se declaren en “resistencia constitucional” y no acaten durante las próximas elecciones la reforma insertada por el Ejecutivo al artículo 203 del Código de la Democracia.

Fundamedios considera que el Ejecutivo, a través de las normas que impuso en el veto a la reforma, incluyó la censura previa para la prensa. Esto porque el texto que entrará en vigencia establece que “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política".

El problema, para Fundamedios es que no están claros los parámetros para juzgar cuando una publicación puede incidir a favor o en contra,  además de que la simple mención del tema implicaría que los periodistas se autocensuren por el miedo de poder cometer una falta ante la nueva norma.

La resistencia constitucional planteada por Fundamedios está consagrada en el artículo 98 de la Constitución, que la permite ante acciones u omisiones de la administración pública que afecten derechos constitucionales.

Y, adicionalmente, las reformas al Código de la Democracia deben enfrentar el pedido de medidas cautelares que la Unión Nacional de Periodistas (UNP) presentó para tratar de suspender la vigencia de la norma.

Si bien la jueza Ángela Sarmiento negó inicialmente las medidas cautelares pedidas, la UNP pidió la revocatoria de esa decisión, cuyo trámite está en marcha.

En este escenario, los vocales del nuevo Consejo Nacional Electoral oganizarán unos comicios en medio de la incertidumbre por la suerte que correrá el paquete de reformas electorales que están empeñados en aplicar.