Aunque la cantidad de proyectos en trámite en la Comisión de Derechos de los Trabajadores  no habla de la eficiencia ni de las intenciones de la Asamblea en el ámbito laboral, una cosa queda claro, la política del régimen y de su mayoría en la Asamblea, no pasa por la modificación de las normas en esta materia.

Además de lo hecho por el Legislativo las decisiones del Gobierno se han centrado en políticas aplicadas por el Ministerio de Relaciones Laborales encabezado por Richard Espinosa, que han tenido tres ejes específicos: El incremento sostenido del salario básico unificado, la ampliación de la seguridad social al mayor espectro poblacional posible y la eliminación de las formas de precarización laboral.

Todas estas medidas fueron aplicadas por el régimen tras el anuncio de “radicalización” de la política laboral que fue anunciada por el presidente Rafael Correa durante su discurso de posesión el 10 de agosto del 2009.

Pero el sistema aplicado parece no contentar del todo a los sectores involucrados.

Por un lado, el sector empresarial ha mostrado su descontento en múltiples ocasiones y fue, sin duda, el mayor crítico del sistema de restricción en la contratación originado en el Mandato 8 aprobado por la Constituyente de Montecristi en el 2007, que, con la intención de eliminar los sistemas de precarización laboral incluyó normas a las que el sector empleador debió oponerse por considerarlas radicales y restrictivas.

Prueba de ello es el sector minero, que como lo publicó PODERES, exige la flexibilización laboral como una de las condiciones para firmar los contratos entre las compañías mineras y el Estado.

Cuatro años después de la aprobación del Mandato 8, el Código de la Producción dio el primer paso en esa flexibilización y puso en vigencia la contratación por horas, como también lo reseñó PODERES en su momento.

No obstante, el Gobierno dejó pendientes también disposiciones de ese mismo código. El pasado 3 de septiembre venció el plazo para que el ministro de Relaciones Laborales regule, mediante acuerdo ministerial, la fórmula contractual para el trabajo eventual discontinuo y las relaciones de trabajo especiales, disposición que constaba en la disposición transitoria tercera del Código de la Producción. Esta fórmula prevista en el código le podría permitir al Gobierno tomar decisiones de regulación del sistema laboral sin la necesidad de que la Asamblea apruebe reformas legales.

Por eso las medidas del Gobierno no satisfacen a todos los actores y desde noviembre pasado el tema laboral se convirtió en uno de los mayores problemas del Gobierno, por la aplicación de las denominadas renuncias obligatorias que constan en la Ley de Servicio Público. Este mecanismo permitió al Régimen deshacerse de cerca de 3.000 funcionarios públicos. Ahora esta figura está siendo apelada por mecanismos constitucionales y tiene en contra también tres reformas pendientes en la Asamblea.

El 2012 parecería no ser un año que vaya a cambiar las cosas en materia de reformas laborales, sobre todo teniendo en cuenta la conflictividad que el debate de este tema trae, sobre todo en un año electoral.

No obstante están en marcha dos proyectos que podrían aparecer durante este año, el uno a cargo del ministro Espinosa, quien tiene la tarea de bosquejar un nuevo Código Laboral, y por otro lado el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que encomendó a los juristas Julio César Trujillo, Alfredo Borja y Joaquín Viteri, la elaboración de un proyecto de Código Orgánico del Trabajo.

Lo que conoce PODERES es que el proyecto oficial se encuentra en el denominado “hexágono", que es el grupo de gobierno que revisa las iniciativas legales antes de que reciban la aprobación para ser enviados a la Asamblea. Este grupo está encabezado por la Ministra de Justicia, Johana Pesántez y lo integran, entre otros, la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado y el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado.

Después del pronunciamiento de este grupo, el proyecto deberá pasar por una última revisión del secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Aunque el proyecto oficial parecería que no será presentado con urgencia, es previsible que la iniciativa del FUT aparezca en los próximos meses y sea una de las banderas de lucha del sector de trabajadores para retomar su presencia, también venida a menos por la aplicación de las políticas del régimen.

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